Se pretende obligar a que todos los partidos políticos presenten unas listas limpias y libres de condenados por corrupción. Los imputados podrán entrar en listas pero estarán fuera de instituciones sustituidos por otros miembros del partido hasta que se resuelva el juicio. Si salen inocentes recuperan cargo pero si salen culpables quedaran inhabilitados para cargos públicos.
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